#9 Impulsar la sanción de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño

#9 Impulsar la sanción de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a la Convención de los Derechos del Niño

09

Dónde estamos

La normativa argentina y los sistemas de justicia penal juvenil no resultan compatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente e incluso tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas diferencias entre provincias.

En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de protección y los prive de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En 20101 casi la totalidad de los 1.508 casos registrados eran varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años, y 7 de cada 10 no estaba recibiendo educación formal al momento de su detención. Existen fuertes diferencias entre las provincias también en este aspecto: casi la mitad de los casos se concentran en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que en la región Norte se encuentra el 24% y en la región Pampeana el 22%.
La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil así como el escaso acceso a sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son desafíos persistentes que no requieren de un cambio de la legislación de fondo para poder ser superados.

PEDILE A

Para seguir avanzando

Avanzar en la superación de estos desafíos requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. De la misma manera, sería importante que se operativice la aplicación de medidas alternativas, como la justicia restaurativa, las instancias de mediación y la justicia comunitaria.

Por último, representaría un gran avance contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas acordes.


1* Datos del relevamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal que se encontraban privados de libertad en el año 2010. Dicha información fue publicada en Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Infojus 2012.